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viernes, 29 de mayo de 2020

¿QUIEBRE INSTITUCIONAL EN EL SALVADOR?

El Salvador vivió momentos de tirantez entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que quedaron reflejados el 9 de febrero del corriente año con la militarización de la sede de la Asamblea Legislativa por orden del presidente del país, Nayib Bukele, y en la realización de una manifestación popular convocada por el gobierno en las áreas circundantes a la sede del legislativo.



DESDE PARAGUAY- El rechazo de la Asamblea a un cuestionable empréstito de 109 millones de dólares proveídos por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), requerido por el mandatario salvadoreño con el objetivo de financiar un plan de seguridad contra las pandillas, ha creado una crisis interna en El Salvador que supone para muchos sectores, tanto de orden interno como internacional, el rompimiento de la constitucionalidad en el país centroamericano. 

Escoltado por una decena de militares con armas de asalto, Nayib Bukele irrumpió en la sede legislativa, asegurando a los diputados que incitaría al pueblo a la insurrección si no se daba curso a la solicitud. Con esta estrategia, el mandatario procuraba ejercer presión sobre los legisladores.

Organizaciones internacionales y no gubernamentales como la Unión Europea y Amnistía Internacional, mostraron preocupación por el aparatoso despliegue militar encabezado por el Jefe de Estado salvadoreño en la sede del Poder Legislativo, lo cual se vio como una remembranza de la violencia política que dominaba al país.

El Plan Control Territorial es el proyecto impulsado por el mandatario desde la presidencia con miras a enfrentar a las pandillas o “maras”, al crimen organizado y a los graves problemas de seguridad ciudadana. Si bien, según estadísticas del gobierno han descendido los niveles de violencia en el país centroamericano, aún sigue siendo considerado uno de los más violentos del mundo. El crédito tendría como objetivo, modernizar y fortalecer a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio de Defensa Nacional para brindar servicios de seguridad ciudadana en los territorios salvadoreños más vulnerables.

El préstamo debía de ser avalado con los votos de 56 diputados, mayoría calificada, en el Congreso. En cambio, los diputados de los partidos de oposición Frente Farabundo Martí para La Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que juntos suman 60 votos de los 84 escaños, han afirmado que el Ejecutivo no ha establecido específicamente en qué serán destinados estos fondos y creen que unos 25,9 millones del préstamo serían invertidos en comprar tecnología de una firma mexicana de cuestionable reputación.

El grupo SeguriTech Integral Security, una sociedad mexicana dedicada al rubro de seguridad tecnológica, sería la firma en cuestión. El periódico local “El Faro”, confirmó en enero de este año que la empresa solventó los gastos de un viaje en chárter que el viceministro de Seguridad, Osiris Luna, hizo el año pasado. Así también, el periódico local “El Diario de Hoy”, mencionó que la compañía ha sido acusada de proveer al gobierno mexicano, cámaras de vídeo vigilancia sobrevaluadas y defectuosas.

En respuesta a la oposición legislativa, Bukele la conminó manifestando que la Constitución contempla la posibilidad de que se produzca una insurrección popular: 
Están obligados constitucionalmente a asistir a la sesión extraordinaria. Si alguien rompe el orden constitucional, el pueblo tiene el artículo 87. 
El mandatario ha reiterado que los diputados del FMLN y de Arena se han negado a votar por el préstamo debido a su desinterés por la seguridad del país, mostrando de esta manera que están en favor de los criminales y en contra de la ciudadanía y cuerpos de seguridad.

El artículo 87 de la Constitución Nacional salvadoreña, esgrimida por el mandatario, expresa: " Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección", para "restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución”.

Debido a la crisis institucional, el Consejo de Ministros convocó una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para aprobar la solicitud del Ejecutivo. La convocatoria se fundamentaba en el numeral 7 del artículo 167 de la Carta Magna salvadoreña que establece que entre las potestades del Consejo de Ministros está el "convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden". Según datos de la prensa local, se trató de una disposición que nunca antes había sido invocada.

En contestación, el Poder Legislativo señaló que dado que el asunto de la citación era la aprobación de un empréstito, no podía ser justificada como una "emergencia constitucional", señalando que no bastaba la simple invocación de la seguridad para el ejercicio de una potestad, en observación del principio de separación de poderes que debe utilizarse solamente de modo excepcional.

En tanto, el Ministerio de la Defensa y la Dirección de la Policía Nacional salvadoreños ratificaron su respaldo a Bukele, manifestando que tanto el cuerpo militar como policía permanecerá en obediencia al presidente en apego al cumplimiento de la Constitución y las leyes.

Nayib Armando Bukele Ortez, es el presidente más joven en la historia democrática de El Salvador y el sexto presidente después de la Guerra Civil. Es conocido por la prensa como el “presidente millenial”. Es el primer mandatario desde el fin de la guerra en 1992, que no pertenece a ninguno de los dos principales partidos políticos del país. Descendientes de inmigrantes palestinos, se lanzó a la presidencia como un candidato antisistema, realizando su campaña política principalmente a través de las redes sociales. El Jefe de Estado cobró relevancia en los medios de comunicación internacionales debido al uso de la red social Twitter, donde cuenta con casi dos millones de seguidores, para comunicar sus decisiones de gobierno a través del hashtag ‘#SeLeOrdena’, seguido de una imposición, una destitución o un nombramiento.

El presidente buscó ceñirse de su popularidad para aplicar su política de seguridad y ha logrado una percepción poblacional de bajos índices de violencia y criminalidad, sin embargo la interrogante sobre si hubo o no quiebre institucional aún sigue flotando. La entrada del ejército en el Parlamento, marca la más grave crisis de El Salvador en la última década. Algunos críticos advierten que el proceder disruptivo de Bukele debilita la institucionalidad gubernamental, la separación de poderes y constituye una grave amenaza a la frágil democracia del país.

BIBLIOGRAFÍA
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Huntington, S. (1991). La tercera ola: La democratización a finales del siglo XX. Barcelona: Editorial Paidós.
Mendoza Sáenz, C. (2020). Laberinto de Política en El Salvador.
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 https://www.dw.com/es/el-salvador-gobierno-se-salta-de-nuevo-al-congreso-y-declara-emergencia/a-53503418

Por Heber Isasi
Heber Isasi, es un abogado de nacionalidad paraguaya. Es académico en el área de investigación y metodología. Sus ámbitos de interés abarcan el Derecho Constitucional, las Relaciones Internacionales y las Ciencias Políticas.

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