América Latina es una región de flujos poblacionales constantes, es un territorio de inmigración, por lo cual, las repercusiones políticas y socio económicas de la crisis sanitaria actual también afectan la vida y los derechos de los latinoamericanos que viven fuera de sus respectivos países. El arribo del COVID-19 ha suscitado un reto histórico para los países de la región. Más allá de los riesgos para la salud, esta pandemia menguará los ingresos de miles de familias y acrecentará el paro dejando a millones de personas sin empleo. Los migrantes y sus familias forman parte de este conjunto poblacional afectado por la crisis económica, la creciente pobreza y la pérdida de empleos que todas nuestras sociedades están experimentando por causa de esta problemática global.
A raíz del incremento del número de contagios y muertes, las reacciones se han encallecido hasta el punto de que la mayor parte de los gobiernos de la región han resuelto la suspensión de actividades no esenciales, el cierre de sus fronteras y la limitación de la circulación de personas a nivel interno como externo. Todas estas medidas constituyen un obstáculo para el retorno a casa y el desplazamiento de millones de personas, y sin dudas, están afectando de múltiples maneras el día a día de la población local y de forma más grave, la vida de los inmigrantes.
En un entorno marcado por desigualdades ingentes, la mayor parte de los mismos no puede permanecer encerrados en sus habitaciones, ya que eso implicaría no tener ingresos ni para ellos ni para sus familias. La paralización de las denominadas actividades no esenciales ha repercutido considerablemente al colectivo que trabaja sobre todo en el sector informal y que se ha visto privado de sus ingresos de subsistencia. Sin ingresos, muchas veces, sin derechos de asistencia sanitaria gratuitas ni a sistemas de transferencias gubernamentales, las personas en movilidad se exponen a mayores niveles de pobreza, precariedad y xenofobia.
A pesar del cierre inopinado de las fronteras nacionales, así como la militarización y el reforzamiento de los controles, la migración no ha sido detenida completamente. Los migrantes, muchos de ellos desempleados y sin hogar, se ven obligados a buscar maneras alternativas y hasta irregulares de ingreso a sus países. Al no poder utilizar los servicios médicos locales, carecer de redes de apoyo, enfrentar problemas de acceso a la información o al ser excluidos de las ayudas sociales destinadas a los nacionales, los migrantes –sobre todo indocumentados– se hallan desprotegidos, y al no poder solventar su estadía en los lugares donde se encontraban viviendo, están sujetos a expulsiones indiscriminadas.
Uno de los principales desafíos los países expulsores y ahora acogedores forzados, es la limitada capacidad que disponen para reintegrar a un elevado número de personas. Generalmente estos gobiernos no cuentan con políticas públicas que afiancen una gobernanza eficaz sobre la migración laboral y sus planes de reincorporación. El retorno en un lapso breve y sin ayudas para la reintegración en el mercado laboral y en los sistemas de protección social, debilitará aún más las economías de la mayoría de los estados latinoamericanos, de por sí ya golpeadas por esta crisis y por problemas estructurales de fondo.
A pesar de las consecuencias negativas, el retorno podría ser visto desde una óptica positiva, en el sentido que los migrantes ingresaron con competencias o talentos que podrían aportar de manera significativa a la recuperación económica de sus países de origen. Empero, la clave para lograr el desarrollo de este potencial será la implantación de políticas gubernamentales enfocadas en la reintegración y basadas en derechos tales como: el acceso a la protección social y el reconocimiento adecuado de las capacidades y calificaciones. Los sistemas reintegracionales bien establecidos pueden ayudar a reducir las tensiones en las comunidades donde existe un temor de que los migrantes sean portadores del COVID-19 o representen una amenaza al equilibrio del mercado laboral por la posible competencia con los trabajadores locales.
Los desafíos impuestos por la actual pandemia son enormes, pero esta no es la primera ni será la última emergencia sanitaria que afrontará América Latina. Los países de la región deben extraer lecciones importantes y entender que cualquier medida contra la pandemia y a favor de la salud pública necesariamente tiene que alcanzar una protección generalizada, sin distinciones de estatus migratorio o documentaciones de identidad. Cualquier respuesta debe abarcar a las personas migrantes y refugiadas en las políticas públicas y de asistencia social, reconocer sus especificidades, proteger sus derechos, combatir la xenofobia, la violencia y cualquier tipo de discriminación que ponga en riesgo la dignidad humana.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
A. González Enriquez. (2020). La inmigración en tiempos de pandemia. Madrid, España: Real Instituto Elcano.
Organización de las Naciones Unidas. (2020a). El retorno de millones de migrantes por el coronavirus puede provocar una nueva crisis en sus propias naciones. Recuperado de https://news.un.org/es/story/2020/06/1476452?utm_source=Noticias+ONU+-+Bolet%C3%ADn&utm_campaign=849553a09c-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_25_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_e7f6cb3d3c-849553a09c-107216813
Tres, J., & Rodríguez Chatruc, M. (2020). Migrantes y COVID-19. Washington, Estados Unidos: Banco Interamericano de Desarrollo.
Villarreal, M. (2020). Migración en América Latina en tiempos de pandemia de COVID-19. Quito, Ecuador: El Universo.
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