Desde los años 70’ y 80’, Colombia fue un país violento y conflictivo en diversas áreas, puntualmente en el narcotráfico y el crimen organizado. Después de la primera década del nuevo milenio, con la presidencia de Juan Manuel Santos se detectó una seguidilla de asesinatos de activistas por las garantías fundamentales. Este acontecimiento tomó relevancia por los altos índices de impunidad cometidos en estos crímenes.
ARGENTINA- El Relator Especial de las Naciones Unidas para los defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, en el Informe señaló que estos defensores son asesinados y violentados por implementar la paz, por oponerse a los intereses del crimen organizado, a las economías ilegales, a la corrupción, a la tenencia ilícita de tierras y por proteger identidades. Las defensoras además son víctimas de violaciones específicas de género y sus familias son blancos fáciles de ataques.
Impunidad
Forst sostiene que históricamente la tasa de impunidad contra los defensores de las garantías fundamentales se sitúa alrededor del 95% en comparación con homicidios dolosos. En 2016, la Fiscalía decidió priorizar la investigación de este tipo de asesinatos al llegar a los 302 casos, excluyendo casos posteriores al Acuerdo de Paz.
Durante todo el 2019, alrededor de 133 activistas fueron asesinados en 36 masacres, mayoritariamente líderes sociales y activistas de comunidades afrocolombianas. Solamente en el primer mes del 2020 fueron registrados un total de 10 casos de activistas asesinados confirmados. También, se registró que la zona de mayores ataques ocurrió en Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá. Los ataques del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos criminales, algunos antiguos miembros de las FARC-EP, autodefensas como el Clan del Golfo y organizaciones criminales transnacionales son los principales responsables de estos crímenes.
El conflicto está en que cuando estos asesinatos y otras violaciones a los derechos humanos se cometen contra sus activistas y permanecen impunes, se envía como mensaje una falta de reconocimiento de su labor fundamental en la sociedad y esto conlleva a una invitación a seguir cometiendo estos crímenes y violar sus derechos.
Grupos específicos más vulnerables
Los activistas más expuestos son los líderes sociales y comunitarios, étnicos y promotores de las políticas del Acuerdo de Paz. Hay una complejidad del contexto en que estos activistas realizan su labor en favor de los derechos humanos en territorios donde el Estado está ausente y hay una desprotección por parte de las fuerzas públicas del orden.
Cuando los defensores se vuelven opositores a diferentes grupos armados ilegales son objetivos fáciles, son reclutados forzosamente o a la explotación de sus hijos. Hay, también, una situación de peligro de los defensores indígenas y afrocolombianos quienes sufren discriminación racial y crímenes de odio por parte de los grupos armados.
La Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH-OEA) sostiene que existe una necesidad urgente de abordar las desigualdades que impiden el disfrute pleno todos los derechos ya que los asesinatos ocurren en un contexto de estigmatización y discriminación hacia poblaciones rurales.
Mujeres defensoras
Forst informa que el número de defensoras asesinadas fue aumentando desde junio del 2019, representando entre el 17% al 20% del total de los defensores asesinados. Estas defensoras son, en su mayoría, líderes comunitarias o comunales, defensoras de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y defensoras de los derechos de la mujer y de los pueblos étnicos.
Los ataques se agravan hacia las mujeres por la cultura patriarcal que impera en la sociedad y familias colombianas, y cuando pertenecen a grupos étnicos o grupos socialmente marginados. Para poder adquirir roles públicos o defender los derechos de la mujer, muchas defensoras deben superar barreras de estigmatización y ataques a sus identidades, como calificaciones de ‘’malas madres’’ o ‘’mujeres de reputación dudosa’’ y en algunos casos, amenazas y violencia de género por parte de sus parejas. Al igual que los hombres, las mujeres defensoras son amenazadas, perseguidas y en muchos casos asesinadas, dichas amenazas son generalmente en sentido sexista, sexual y/o machista.
Forst destaca el rol fundamental de las defensoras mujeres en la promoción de la democracia, la justicia y la paz en Colombia. Argumenta que, gracias al movimiento de mujeres y feministas, así como su liderazgo antes y durante la firma del Acuerdo de Paz, se pudo agregar 122 medidas de género transversales.
Defensores LGBTIQ
Durante el 2019, seis personas miembros del colectivo fueron asesinadas, y se denunció la situación de riesgo de los abogados representantes de las víctimas y sus familias, así como también los abogados especialistas en derechos humanos.
El Relator Especial reconoce el papel clave que los defensores de derechos humanos miembros de la comunidad LGBTIQ y la Corte Constitucional tienen en el avance de los derechos del colectivo. Gracias a ambos, hoy Colombia tiene libre goce del matrimonio y derechos en materia de seguridad social y pensiones entre personas del mismo sexo, así como también el derecho a someterse a cirugías de reasignación de sexo y el cambio de nombre y de componente de sexo en el Registro Civil.
Libertad de prensa
En el informe se detectó un incremento de ataques contra la libertad de prensa durante todo el 2019. Los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que estudian los derechos humanos y corrupción están en mayor riesgo, en zonas rurales de Colombia se generó un clima de temor que conllevó a la autocensura.
Por otro lado, los estudiantes universitarios son un importante actor y promotor de los movimientos sociales en Colombia. Denunciaron ante Forst que sufrieron represiones innecesarias de las fuerzas de seguridad en distintas manifestaciones pacificas en contra de las políticas del gobierno.
Según la Fundación para la Libertad de Prensa, hasta el 4 de octubre de 2019 se registraron 329 violaciones a la libertad de prensa, 79 contra mujeres periodistas. Estas incluyen dos asesinatos de comunicadores asociados a la prensa, 104 amenazas, 43 acciones legales contra periodistas y 21 agresiones relacionadas con el cubrimiento de campañas electorales.
Recomendaciones al Gobierno Colombiano
Forst propone algunas medidas como método para prevenir el aumento de estos asesinatos:
- Reafirmar el compromiso político con el Acuerdo de Paz.
- Reconocer pública y regularmente el papel fundamental de los activistas en la sociedad y condenar violaciones e intentos de deslegitimarlos y criminalizarlos, apoyando a la Procuraduría y la Fiscalía.
- Priorizar la lucha contra la impunidad.
Michel Forst considera que estos asesinatos tienen por detrás motivaciones e intereses políticos y el gobierno hace poco al respecto. El gobierno de Iván Duque rechaza los señalamientos propuestos por la ONU y argumentan que el Informe es parcial, no demuestran evidencias y solamente difunden información falsa para crear confusiones en el país.
Los defensores no pueden trabajar en un ambiente propicio y seguro, carecen de un reconocimiento público y social positivos, son criminalizados y amenazados en relación con su labor a la lucha por los derechos humanos por actores estatales y no estatales. Colombia es el país con mayor tasa de asesinatos de defensores de los derechos humanos en América Latina, es una lamentable realidad que no se está solucionando, sino todo lo contrario, la tasa aumenta día tras día.
La lucha por derechos humanos no sería posible, en ningún otro país, por estos defensores. Es una total obligación y responsabilidad por parte de los Estados salvaguardar la vida y seguridad de todos los activistas para demostrar, que, de esta manera se los reconoce ante la sociedad como promotores de un mejor futuro.
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Por Analía Cardozo Escobar
Analía Cardozo Escobar, de 23 años, es estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad de San Martín (Argentina). Fue voluntaria del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Es miembro del Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales. Sus ámbitos de interés incluyen la economía política internacional, la política nacional e internacional, los derechos humanos, el feminismo en las relaciones internacionales, el sistema electoral, y la lucha por el cambio climático.
