Recientemente, la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID19 -establecida por el poder ejecutivo-, determinó que no existió daño patrimonial en las compras realizadas para afrontar ya la mencionada pandemia (ÚLTIMA HORA, 2020). Ante esta conclusión, la ciudadanía se sintió nuevamente defraudada. En este sentido cabe mencionar que, la misma ha venido cumpliendo a rajatabla las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud y Bienestar Social, pero actualmente ese acatamiento va disminuyendo y así van aumentado los casos sin nexos de la COVID19, esto se evidencia con el propio informe del ministerio a cargo (Ministerio de Salud y Bienestar Social del Paraguay, 2020).
La referida situación se dio porque al inicio de la pandemia -marzo 2020-, existía confianza en la persona del Ministro de Salud, Julio Mazzoleni y los resultados de los primeros meses reflejan esto, así como publicaciones internacionales -BBC News- que alabaron la estrategia y los métodos utilizados por Paraguay para hacer frente a la mencionada crisis. He aquí un ejemplo de cómo la ciudanía de un país con los índices más altos de corrupción (Transparency International, 2020), puede confiar en su gobierno. Entonces, la siguiente pregunta que surge es ¿qué hizo el Dr. Mazzoleni que los demás funcionarios públicos antes no hicieron durante aquel tiempo?
Demostró profesionalismo, servicio a la patria puesto que, cuando otras fuerzas poderosas presionaron al gobierno para relajar las medidas, el Dr. Mazzoleni, mantuvo firme su postura en continuar con las medidas más estrictas de la denominada “Cuarentena Inteligente”. Esta batalla, reafirmó, en gran parte de la ciudadanía, la idea de que el ministro estaba velando por el bien común y, ésta circunstancia no se refleja, en forma general, en el servicio civil paraguayo ¿por qué?
Porque las instituciones públicas, en su mayoría, resultan ineficientes ante las necesidades del pueblo. Son reconocidas por la burocracia interminable que se presenta en cada uno de los procesos para la obtención de algún servicio público. Surge así la interrogante, ¿quiénes prestan servicios en las mismas? los funcionarios públicos, ¿cómo ingresan? ¿por concurso? ¿son profesionales? ¿sus salarios se determinan conforme con las funciones que realizan?
Al respecto, Paraguay cuenta con la Ley de Función Pública N° 1626/2000, la cual otorga atribuciones legales a la Secretaría de la Función Pública para “…formular la política de recursos humanos del sector público…” (sic) conforme reza su art. 96. Ahora bien, como es sabido la referida ley no ha sido suficiente para fortalecer a nuestras instituciones, poderes como el legislativo y/o judicial se han desmarcado de la referida normativa alegando que, al estar a cargo una secretaría dependiente del poder ejecutivo, solo rige para aquel. Con dicha interpretación o una distinta, el resultado es el mismo, la corrupción sigue ejerciendo el liderazgo en la mayoría de los entes públicos.
Los motivos de dicho escenario, pueden resultar innumerables, pero el quid de la cuestión reside en el clientelismo político impregnado en la clase política, el cual consiste en un constante intercambio de votos por puestos públicos y/o apoyo político a cambio de otros beneficios estatales. Es así que los que presentan servicios en las instituciones del Estado, no son precisamente profesionales y/o no están capacitados para esos cargos, y si lo estuvieran, no encuentran incentivo en crecer profesionalmente ahí porque no tienen un “padrino político o contacto importante en el sistema” que le brinde la oportunidad de algún tipo de ascenso.
Estas circunstancias, como se ha mencionado al inicio, han quedado aún más descubiertas durante la pandemia COVID19, durante la cual los funcionarios públicos en forma generalizada han sido y son satanizados por la sociedad, independientemente de que existan algunos cuyos sueldos no justifican su labor diaria.
Cabe además señalar, otra causa principal del fracaso de la Ley N°1626/2000 y su implementación, la ausencia de un órgano verdaderamente contralor y detector de corrupción en los recursos humanos del sector público, entiéndase personas que han ingresado al sistema sin pasar por algún concurso. Si bien existen ciertos llamados a concursos en algunas entidades públicas, ello no garantiza que otras personas puedan obtener puestos allí gracias a réditos políticos.
La solución es cortar el cordón umbilical entre la carrera de los burócratas y la carrera de los políticos, es decir que, un funcionario público pueda denunciar hechos de corrupción con libertad y sin temor a ser desvinculado por algún político. El servicio civil solo debe rendir cuentas al país. La función pública debe ser independiente de los políticos de turnos, es el único camino para iniciar un proceso de fortalecimiento real y duradero de las instituciones paraguayas.
Actualmente, como consecuencia de la crisis sanitaria, la idea de reforma del Estado se encuentra sumamente latente en el Paraguay y la ciudadanía se encuentra más enfocada en asuntos públicos que antes. Este escenario ha sido aprovechado para vender la idea de “achicar/reducir el Estado” como una especie de fórmula mágica que hará desaparecer la mala gestión de la cosa pública. Aquí es donde se debe prestar mucha atención, la solución no será simple y llanamente reducir los salarios o acortar la cantidad de funcionarios públicos, sino que se trata de que las instituciones públicas respondan verdaderamente a las necesidades de la sociedad de forma segura y eficaz. Muchos aspectos deben ser trabajados para llegar a tal fin, pero sin duda alguna, la solución transcripta en el párrafo anterior constituye uno de los primeros pasos.
En este momento, se está trabajando en una reforma de la Ley del Servicio Civil, la cual más allá de contar con infinitas normativas -lo cual no significa que sea efectiva- debe esencialmente:
1. Centralizar todos los procesos de ingreso a la función pública en todos los poderes del Estado.
2. Autorizar, únicamente, el ingreso por mérito conforme con las cualidades requeridas para los puestos de trabajo.
3. Establecer un sistema único de ingreso -con igualdad de acceso-, cuyo proceso no debe ser extenso (a fin de evitar injerencias externas)
4. Establecer una escala salarial única para el servicio civil.
5. Disponer concursos para ascensos y/o mantener el cargo.
6. Establecer un mecanismo de control efectivo de corrupción.
Algunos de estos enunciados citados han sido incorporados en los gobiernos de Chile y Perú, dando resultados positivos conforme con estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (Córtazar, Fuenzalida, & Lafuente, BID).
En síntesis, una reforma del servicio civil que no cumpla con los presupuestos enumerados, está más próxima al fracaso que al éxito y son esos enunciados los que deberán vencer la resistencia de la clase política para comenzar a construir un Paraguay en miras al bien común.
Por Araceli Coronel
Es una abogada de nacionalidad paraguaya.Trabaja como Relatora en el Tribunal de Apelación en lo Penal de la ciudad de Asunción. Es asistente de cátedra de Derecho Penal en la Universidad Católica de Asunción.
Fuentes:
Córtazar, J., Fuenzalida, J., & Lafuente, M. (BID). Banco Interamericano de Desarrollo. Obtenido de BID: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Sistemas-de-m%C3%A9rito-para-la-selecci%C3%B3n-de-directivos-p%C3%BAblicos-%C2%BFMejor-desempe%C3%B1o-del-Estado-Un-estudio-exploratorio.pdf
Ministerio de Salud y Bienestar Social del Paraguay. (julio de 2020). Obtenido de https://www.mspbs.gov.py/reporte-covid19.html
Transparency International. (2020). Obtenido de https://www.transparency.org/en/countries/paraguay
ÚLTIMA HORA. (julio de 2020). Obtenido de https://www.ultimahora.com/comision-asegura-que-no-hubo-perdidas-ni-dano-patrimonial-compras-covid-n2893672.html
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